El sector agroexportador ha incrementado sus ganancias y promovido el empleo formal, pero esto no se ha visto reflejado en los ingresos de los trabajadores, quienes muchos de ellos se encontraban en situaciones laborales precarias y hasta indignas. Lo que ocasionó que en diciembre estallara una serie de protestas en distintas regiones del país, dejando el lamentable saldo de dos jóvenes, Jorge Muñoz y Mario Fernández, fallecidos en la provincia de Chao, Piura.

El Congreso decidió derogar la Ley de Promoción de la Agricultura de Exportación, y se creó una comisión especial para que en un plazo de 15 días proponga una nueva ley con justicia social. En esos días fuimos a Ica y Trujillo para participar en las mesas de diálogo con trabajadores, empresas, ministerios, gobiernos locales y otros congresistas, para escuchar a las partes y facilitar soluciones, y trabajamos en el Congreso con las partes para llegar a un punto medio.

Tras varios días de debates, idas y venidas, se logró una ley en el que ninguna de las partes quedó completamente satisfecha, lo cual significó que se logró llegar a un correcto punto medio. Meses después, los trabajadores iqueños con los que nos reunimos en diciembre me comentaron que lograron formar su sindicato, que les permitirá tener una representación ordenada en cualquier diálogo, que siempre será necesario.

El siguiente paso es que se realice la debida fiscalización de la ley aprobada, para que las injusticias no retornen más y se asegure condiciones laborales dignas.