En los últimos años la economía peruana logró avances históricos, sin embargo, este desarrollo no llegó a muchos, y en diversos sectores las brechas se acrecentaron. Los conflictos socioambientales representan el 67% del total que abarca la Defensoría del Pueblo. Ante esta realidad, el gobierno peruano negoció y firmó el Acuerdo de Escazú. Un tratado que establece un estándar regional de acceso a derechos fundamentales, como el derecho a la ciudadanía a acceder a la información. Además, promueve espacios de participación en la toma de decisiones, impulsa políticas que aseguran el acceso real a la justicia, entre otros mecanismos importantes que prevén los conflictos socioambientales.

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes del tratado es el marco de protección que brinda a los defensores ambientales. Tan solo este año 7 defensores indígenas han sido asesinados. Siendo Mario López el último defensor asesinado en la región de Pasco en el mes de junio. Ellos luchan día a día, completamente solos, contra la tala ilegal, deforestación, minería ilegal y narcotráfico.

Pese a la lucha de diversos colectivos sociales y juveniles y el apoyo de las bancadas del Partido Morado, Frente Amplio y Somos Perú, en la Comisión de Relaciones Exteriores ganó la posverdad y archivaron el Acuerdo de Escazú. Al hacerlo perdió la economía sostenible, la participación ciudadana y los defensores ambientalistas, bajo el argumento que se perdería soberanía.

Pero no todo está perdido. Debemos exigir a la Comisión de Relaciones Exteriores de este nuevo Congreso que vuelva a debatir la ratificación. Para ese momento, sociedad civil y fuerzas políticas tendremos que estar unidos para lograr el objetivo.