Noviembre del 2020 fue un mes que marcó un antes y después para muchos peruanos en cuanto a lo que significa ser ciudadano y las responsabilidades que conlleva, y en el que entendimos que la democracia nunca debe darse por sentada.

El expresidente Martín Vizcarra enfrentaba su segunda moción de vacancia por indicios de corrupción en su gestión como gobernador regional, hechos por los cuales la Fiscalía de la Nación ya se encontraba liderando las investigaciones. En la Bancada Morada, teniendo en cuenta que en esos momentos éramos el país con el mayor porcentaje de muertes por millón de habitantes en el mundo, y que nuestro PIB había caído 40 puntos en solo un mes, dejando a miles de peruanos sin empleo, consideramos que las investigaciones debían realizarse y continuar, pero sin traer otra crisis política que dejaría de lado lo más importante: buscar soluciones a los problemas ocasionadas por la pandemia.

¿Qué solución planteamos nosotros ante la situación? Presentamos la “Ley antiprófugos”, que obligaba a los presidentes y gobernadores a quedarse en el país por 6 meses, después de su mandato, para que no escapen de la justicia. Con esto intentamos buscar un punto medio para que la ciudadanía no se vea afectada por la crisis política y al mismo tiempo se garantice que el señor Vizcarra responda ante la justicia.  Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la moción de vacancia, y Manuel Merino asumió la presidencia en un acto que fue considerado ilegítimo por la gran mayoría de la población.

Miles de ciudadanos salieron a protestar en distintas ciudades del país, y junto con iniciativas ciudadanas como “abogadxs x la democracia”, organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y los congresistas Alberto de Belaúnde, Mirtha Vásquez, Gino Costa, Rocío Silva Santiesteban y Carolina Lizárraga, nos pusimos las zapatillas y nos unimos para acompañar a la población para que puedan ejercer su derecho a protestar sin represalias. Las noticias de excesos por parte de la policía no tardaron. Ante esto, junto con mi equipo, recorrimos de día y noche las comisarías de la ciudad para confirmar la presencia de los jóvenes que eran buscados por sus familias y garantizar que los protestantes detenidos sean tratados con justicia. También recorrimos distintos hospitales para ver el estado de los más de 100 heridos que dejó la represión policial.

Gracias a la presión ciudadana, el señor Merino renunció y el congresista Francisco Sagasti fue elegido para ser el nuevo presidente, pero el precio fue muy alto. Jack e Inti habían fallecido por impacto de perdigones en el cuerpo, y hubieron heridos de gravedad, como John Cordero, de quien nos dieron el diagnóstico médico que no volvería a caminar, de los que el Estado debía hacerse cargo.

Desde noviembre, hasta el fin de mi mandato como congresista, hice seguimiento a la recuperación de los heridos, al avance de las investigaciones judiciales, y a que se otorgue la reparación debida a las víctimas del abuso policial.

Meses después, Jhon Cordero mostraría grandes mejoras en su salud, sorprendiéndonos de esta manera:

En cuanto a las investigaciones, se están respetando los protocolos internacionales para resguardar los derechos humanos y el proceso. Son 2 investigaciones abiertas: una a altos mandos policiales (que además tienen un proceso administrativo) y otra a altos cargos políticos. Si se decide abrir proceso a los altos mandos políticos se tendrá que solicitar al Congreso la autorización para ello, y ahí será clave que este nuevo Congreso no obstruya las investigaciones del Ministerio Público ni la verdad que todos debemos conocer. Seguiremos al tanto del avance.